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Exposición de la Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba en Audiencia de la Defensoría del Público

Nuestro director, Lic. Mario Farías expuso en representación de la Coalición Córdoba, acompañado por Ramiro Chávez, de Farco:
La Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba, colectivo que agrupa a distintas organizaciones sociales, académicas, estudiantiles, gremiales, medios públicos, radios comunitarias y cooperativas, periodistas, comunicadores, artistas, luchadores por los derechos humanos y militantes de distintos partidos políticos, viene a expresar en esta Audiencia:
- Rechazamos la creciente concentración mediática y la alianza y favoritismo del actual Gobierno Nacional con los grandes grupos corporativos y oligopólicos, que comenzó con el dictado del Decreto 267 de diciembre de 2015, eliminando las cláusulas antimonopólicas de la Ley 26.522 , las cuotas de pantalla, el límite a las licencias por prestador, la disolución del Consejo Federal, la transferencia de las licencias, etc., tuvo continuidad con el Decreto N° 1340/2016 al expandir la base de negocios del multimedios Clarín con el cúadruple play y permitir a las compañías telefónicas la provisión de televisión por cable y tiene como punto cúlmine, la habilitación de la fusión entre Cablevisión ( Clarín ) y Telecom, que si bien se encuentra a consideración de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, espera el momento político oportuno para anunciarse oficialmente.
- Rechazamos el cierre de medios de comunicación, las presiones para silenciar voces críticas, el despido arbitrario de trabajadores de la comunicación y la información, todo lo cual atenta con la diversidad y el pluralismo, pilares de una verdadera democracia y por contrapartida, observamos la abierta connivencia del Gobierno Nacional con medios y comunicadores oficialistas que cronican una mirada sesgada de la realidad y hacen de la distorsión y el ocultamiento de la información su práctica cotidiana.
- Señalamos el arbitrario reparto de la pauta publicitaria a nivel nacional, provincial y municipal, que se asigna cuantiosamente a los principales grupos mediáticos del país y deja sin pauta a los medios críticos del gobierno y a los medios sin fines de lucro, que son los que tiene llegada a las poblaciones más vulnerables.
- Denunciamos el vaciamiento del sistema de medios públicos; el Canal Encuentro, Paka-Paka, la TV Pública y Radio Nacional y su red de emisoras, el despido y persecución a su personal y el condicionamiento de los contenidos y cercenamiento a la libertad de expresión de sus periodistas. Respecto de la situación de Radio Nacional Córdoba, continúan los contratos precarizados, la no cobertura de vacantes, la eliminación de la programación local los fines de semana, y los intentos de censura de su Director Sr.Orestes Lucero, quien increpó al aire a la periodista Fabiana Bringas por haber entrevistado a la madre de Facundo Jones Huala.
- Denunciamos el retraso de un año en la convocatoria a los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA), convocando en el año 2018 los que correspondía realizar en el año 2017, a lo que se suma que en Córdoba hay emisoras comunitarias ganadoras de proyectos de la convocatorias 2014 y 2015 a la que aún se les adeudan parte de los desembolsos, pese a que las radios presentaron en tiempo y forma las rendiciones estipuladas. Esta dilatación deliberada en los plazos de cumplimiento de los FOMECA, más los fuertes incrementos en el costo de los servicios; energía eléctrica (insumo básico de las radios y canales de TV), telefonía, gas, alto costo de reparación de los equipos, etc. dejan en una situación de extrema vulnerabilidad al sector de medios sin fines de lucro.
- Por otro lado, simultáneamente a estas medidas que debilitan a los medios sin fines de lucro, también se está atentando contra el funcionamiento de instituciones públicas que son fundamentales para promover la pluralidad en el sistema de medios, tales como el INCAA y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el caso del INCAA, con el recorte de su presupuesto y al haber desplazado de su cargo al presidente del Instituto, dejando claramente expuesta una endeble institucionalidad en el organismo. En el caso de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual -un organismo creado por la Ley SCA que recepta las denuncias y pedidos de las audiencias en relación a la programación de los medios, pero que además capacita a múltiples sectores vulnerables en lo que refiere al ejercicio de sus derechos a la comunicación, entre otras funciones-, la entidad permanece acéfala desde fin de 2016, cuando venció el mandato de la anterior Defensora, lo cual limita gravemente las posibilidades de acción de la institución.
- Se encuentran en riesgo cierto de desaparición las voces y contenidos locales, regionales y nacionales, por las políticas de desregulación económica que incluyen a los bienes y servicios de la cultura y la información, el abandono de políticas de fomento sectorial, por el recorte de fondos que estaban destinados a promover la producción de contenidos, los programas educativos, infantiles y de ficción, y sus consecuencias en la falta de trabajo de productores, actores, directores, técnicos, etc. y el desinterés en dar continuidad a programas como la TDA ( Televisión Digital Abierta ) que cumplían un valiosa función cultural y social de acceso gratuito a contenidos televisivos de calidad.
Estas prácticas deliberadas y arbitrarias buscan acallar a distintos actores de la comunicación, van en contra de los lineamientos internacionales sobre libertad de expresión, en los cuales se establece la obligación de los Estados de garantizar pluralidad y diversidad de voces y por acción u omisión, a restringir en forma directa o indirecta la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación.
Frente a ese escenario, el desafío vuelve a ser: seguir dando la disputa por el paradigma de la comunicación como derecho humano, el derecho de todas y todos a decir (nos), informar(nos) y entretener(nos) en un sistema de medios plural, diverso y democrático.
Específicamente, demandamos
- El cumplimiento de la ley SCA, en todo su articulado aún vigente.
- La concreción del demorado plan técnico para la normalización del espectro radioeléctrico e implementar sin más demoras los procesos de normalización y concursos para la asignación de licencias; privilegiando en el puntaje de éstos el arraigo y trabajo con la comunidad y no la capacidad patrimonial, la diferenciación en el precio de los pliegos, etc.
- El inmediato otorgamiento de licencias a las emisoras de entidades sin fines de lucro que demuestran operatividad en el marco de la ley 26.522 y que actualmente se encuentran en situación de precariedad o exclusión respecto de su derecho de acceso al espectro radioeléctrico.
- No es posible la pluralidad de voces y la democratización de la comunicación en un sistema de medios concentrado. Exigimos una discusión plural y democrática del nuevo proyecto de ley de comunicaciones convergentes, con amplia participación de todos los sectores, y no como se viene realizando actualmente, en reuniones a puertas cerradas, sin previa difusión y con limitada participación. Necesariamente el punto de partida del proyecto, debe ser el reconocimiento pleno del derecho a la comunicación como un derecho humano y la consideración de los nuevos 21 Puntos aprobados por el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática en marzo de 2016, que promueven la democratización en todos los medios, formatos y plataformas. La discusión sobre una nueva Ley, no puede reducirse a cuestiones tecnológicas, con la industria de las comunicaciones ó con los negocios de unos pocos, en desmedro de los derechos de los y las ciudadanxs.
- El cese de las persecuciones a periodistas y medios críticos con el Gobierno, los despidos arbitrarios y el vaciamiento del sistema público de medios, por el contrario propender a su fortalecimiento, para contribuir a que la ciudadanía puedan acceder a un derecho fundamental: a la información, a la diversidad de datos, puntos de vista, opiniones e imágenes.
- Reimpulsar el desarrollo de contenidos, la generación de trabajo y los programas de fomento a la industria cultural argentina y la producción audiovisual, así como la continuidad y fortalecimiento de la TDA – Televisión Digital Abierta - de acceso gratuito a televisión digital de calidad y en vistas del inminente apagón analógico previsto para el año 2019.
- La continuidad, en toda ley que regule la comunicación audiovisual, del reconocimiento de los tres clases de prestadores definidos en la ley SCA: el sector privado sin fines de lucro, el sector privado con fines de lucro y el sector público (estatal y no estatal) y la reserva de un tercio del espectro para las entidades sin fines de lucro, sin limitaciones de alcance ni potencia de ningún tipo y la continuidad de los fondos de fomento en un porcentaje igual o superior al establecido en la Ley 26.522.
Córdoba, 8 de abril de 2018.-
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Por: Radio SUR

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