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Exposición Radio Sur 90.1 FM / CECOPAL en Audiencia de la Defensoría del Público


Desde Radio Sur 90.1 FM y el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento legal – CECOPAL- acompañamos los planteos de la Coalición por una Comunicación Democrática que integramos, la red nacional de radios comunitarias FARCO y las demandas de los medios de gestión social en su conjunto, en lo referido a la exigencia del cumplimiento de la Ley 26.522, que se vio estructuralmente afectada con los cambios impulsados por la gestión de Cambiemos a poco de asumir.
A los efectos de realizar un aporte específico y complementario a lo expuesto, nos concentraremos en un aspecto puntual: la necesaria regulación de la distribución de la pauta oficial.
La Defensoría del Público que nos interpela a debatir sobre el estado de la comunicación en Argentina, lo que nos exige revisar el último período y replantearnos que si bien hubo criticas respecto de la distribución de la pauta oficial nacional en la gestión de Nestor y Cristina Kirchner, y que hubo propuestas presentadas en el Congreso de la Nación que no tuvieron el consenso necesario para su tratamiento parlamentario, hoy vale interrogarse acerca de qué está pasando en el gobierno de Macri?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que significó un avance sustancial en orden a la necesaria democratización de la Comunicación, lamentablemente desmantelada a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU – del sr. Presidente Mauricio Macri, según verificación de la última semana (10 al 12/04/2018) podemos observar que mantiene vigentes algunos artículos en relación al punto que nos ocupa. La Ley  establece la exigencia para los medios audiovisuales de publicar en la “Carpeta de acceso público” la pauta publicitaria oficial. Art 72, inc e. “(viii)[1] La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas.” Exigencia que sería muy saludable fuera establecida también para todos los medios.
Por su parte el Art 76, en los últimos dos párrafos establece: “La autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión.”
Sin embargo, a la fecha, en un escenario ampliado de retracción de derechos, no existen ni el COFECA, ni las regulaciones en la distribución de la pauta oficial. De modo que si antes era desigual, esa desigualdad se profundizó en el gobierno de Macri.
Según el diario Clarin en un articulo de Octubre de 2017 [2]“Aumenta el gasto en publicidad oficial, pero baja en medios K. Subió 163% en el primer semestre respecto al mismo período de 2016. En el Gobierno argumentan que el año pasado "las campañas habían arrancado en abril". Y especifica: “El Gobierno gastó $ 1.630 millones en publicidad oficial, en el primer semestre de 2017, un 163% más respecto al mismo período del año anterior, una cifra muy superior a la inflación que hubo durante ese año”. Más allá de la caída de la pauta en los medios gráficos, emisoras como la AM750, ni siquiera figuró entre las 10 primeras emisoras donde pautó el Gobierno, pese a que en ese período superó a Radio del Plata y se ubicó en el cuarto lugar en audiencia de las AM. El Gobierno les dio cifras superiores en publicidad oficial a Mitre, Radio 10, La Red, Nacional, Rivadavia, Continental, El Mundo y Belgrano, entre otras” Cifras que ponen en cuestión “los anuncios que se hicieron al inicio de la gestión de Mauricio Macri, cuando se prometía una reducción importante en los gastos de publicidad oficial, respecto al kirchnerismo, y que su distribución se haría según criterios “objetivos”, como el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica y el fomento del federalismo y la pluralidad de voces”.
549 millones de pesos. Ese fue el monto total que el Gobierno de Mauricio Macri le dio al Grupo Clarin durante todo 2017, pleno año electoral, en concepto de pauta oficial. Más de un millón y medio de pesos por día; casi 1 de cada 5 pesos que distribuyó entre los medios de todo el país. Se trata sólo del aporte del Gobierno Nacional y sus organismos descentralizados. Ni la gobernación de Maria Eugenia Vidal, ni la jefatura porteña de Horacio Rodriguez Larreta publican sus datos de pauta oficial. Pero ya sólo con estos datos se muestra la relación privilegiada que mantiene el holding comandado por Héctor Magnetto con Macri y quienes manejan la chequera de la pauta pública.
Para igualar lo que recibió el Grupo Clarín hay que sumar a sus tres seguidores, Viacom (Telefé), el Grupo Uno y el Grupo Albavisión. Entre los que menos recibieron, habría que sumar al Grupo Indalo/Ceibo, Olmos, La Nación, Grupo Pierri (Telecentro), Diario Popular, Facebook, los medios públicos (TV Pública y Radio Nacional), Perfil, Infobae, El Cronista Comercial y Google, para llegar a superar lo que recibió Clarín. Los medios no oficialistas como el Grupo Octubre, Radio del Plata y Tiempo Argentino, para alcanzar a Clarín tendrían que sumar lo que reciben y multiplicarlo por 17.
La creciente y excesiva concentración en la propiedad de los medios, que amenaza la pluralidad y diversidad, unifica el discurso público y es funcional a las necesidades de grandes grupos económicos, que en casos como el de Córdoba concentra recursos de manera escandalosa en medios afines como Cadena 3, Mitre o La Voz del Interior, nos impulsa a seguir sosteniendo la necesidad de contar con un Estado que asuma un rol activo para garantizar la diversidad y la pluralidad de voces, el Derecho a la información y la Libertad de Expresión de la ciudadanía.
Está claro que el mercado no pauta solo por los niveles de audiencia o tiradas, sino que lo hace en función de la orientación política e ideológica de los medios, por lo que es indispensable contar con leyes que administren equitativamente la distribución de la pauta oficial, de forma transparente y sin condicionamientos. En tal sentido sugerimos algunos criterios[3] que aseguren transparencia y equidad en la asignación de publicidad oficial:
1. Entender por “publicidad oficial” a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa del Estado en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación.
2. La “publicidad oficial” debe tener como objetivo, garantizar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública.
3. La publicidad oficial debería funcionar como moderador de los desequilibrios del mercado en cuanto al desenvolvimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, que son garantía de pluralidad y diversidad en la información, además de sostenedores de los contenidos locales.
4. “La publicidad oficial deberá ser distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre los diferentes medios, garantizando la libertad de prensa, el derecho a la información y el pluralismo informativo”.
5. Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado se debería establecer la obligación de publicar en un sitio público (en internet) todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.
6. Debería crearse un órgano de aplicación de la Ley que administre y garantice la distribución equitativa de las pautas estatales y por tanto de toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado. 
7. Debería crearse un Registro único y público de medios de comunicación, que reciban publicidad oficial o que aspiren a recibirla.
8. Se debería establecer un cupo no menor al 15 % de la publicidad oficial, para ser adjudicada a medios comunitarios de organizaciones sociales.
Las radios comunitarias, que se han constituido en un espacio clave para la participación, el ejercicio de la ciudadanía comunicativa y el empoderamiento de los sectores populares, poseen un rol fundamental en el proceso de democratización de la palabra, amplificando aquellas voces que no encuentran espacio de expresión en los medios hegemónicos. Se constituyen en espacios de reciudadanización de los sujetos populares, lo hacen desde unas estéticas que van desde la contracultura a ser expresión genuina de la cultura popular. Poseen un proyecto político comunicativo que trasciende la puesta al aire de la emisora, sus modos de producción y gestión del medio, están basados en la autogestión y la democracia interna. Promueven movilización social, desde propuestas vinculadas a la vigencia de los derechos humanos, la expresión de la diversidad y la dignidad de la vida. Se trata entonces, de prácticas insertas en espacios barriales y comunitarios en nuestras sociedades mediatizadas. Desde su lugar de interpelación, producen repertorios distintivos y contribuyen en los procesos de conformación de las identidades de los grupos –comunidades con las que interactúan. Es tarea fundamental del Estado promoverlas, apoyarlas, estimular su profesionalización, garantizando aspectos centrales de su sostenibilidad y esa búsqueda constante de auto–organizar transformaciones que viabilicen mejores formas de vivir.
Y lo más importante, como garantía de diversidad, las radios comunitarias nunca fueron, ni son, ni serán domesticados.

Judith Gerbaldo
Radio Sur/ CECOPAL
13/04/2018



[1] Ley 26.522, Art 72, inc e. “(viii) La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas.”
[2] “Aumenta el gasto en publicidad oficial, pero baja en medios K” publicada en Diario Clarin el 31/10 /2017
[3] Para la elaboración de los criterios sugeridos, hemos revisado todas las propuestas desarrolladas por Farco en Santa Fé en 2013 y pcia de Río Negro en 2010. Propuestas elaboradas por radios comunitarias de Córdoba en 2015 y el antecedente de la LEY N° 2.587 de CABA, sancionada el 06/12/2007.

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