Desde
Radio Sur 90.1 FM y el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento legal –
CECOPAL- acompañamos los planteos de la Coalición por una Comunicación
Democrática que integramos, la red nacional de radios comunitarias FARCO y las
demandas de los medios de gestión social en su conjunto, en lo referido a la
exigencia del cumplimiento de la Ley 26.522, que se vio estructuralmente
afectada con los cambios impulsados por la gestión de Cambiemos a poco de
asumir.
A los
efectos de realizar un aporte específico y complementario a lo expuesto, nos
concentraremos en un aspecto puntual: la necesaria regulación de la
distribución de la pauta oficial.
La Defensoría
del Público que nos interpela a debatir sobre el estado de la comunicación en Argentina,
lo que nos exige revisar el último período y replantearnos que si bien hubo
criticas respecto de la distribución de la pauta oficial nacional en la gestión
de Nestor y Cristina Kirchner, y que hubo propuestas presentadas en el Congreso
de la Nación que no tuvieron el consenso necesario para su tratamiento
parlamentario, hoy vale interrogarse acerca de qué está pasando en el gobierno
de Macri?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522
que significó un avance sustancial en orden a la necesaria democratización de
la Comunicación, lamentablemente desmantelada a través de los Decretos de
Necesidad y Urgencia -DNU – del sr. Presidente Mauricio Macri, según
verificación de la última semana (10 al 12/04/2018) podemos observar que
mantiene vigentes algunos artículos en relación al punto que nos ocupa. La Ley establece la exigencia para los medios
audiovisuales de publicar en la “Carpeta de acceso público” la pauta
publicitaria oficial. Art 72, inc e. “(viii)[1] La(s) pauta(s) de publicidad oficial que
recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando
cada una de ellas.” Exigencia que sería muy saludable fuera establecida
también para todos los medios.
Por su parte el Art 76,
en los últimos dos párrafos establece: “La
autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes
de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado
comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas,
demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión
publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y
razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos
comunicacionales del mensaje en cuestión.”
Sin
embargo, a la fecha, en un escenario ampliado de retracción de derechos, no
existen ni el COFECA, ni las regulaciones en la distribución de la pauta
oficial. De modo que si antes era desigual, esa desigualdad se profundizó en el
gobierno de Macri.
Según el
diario Clarin en un articulo de Octubre de 2017 [2]“Aumenta
el gasto en publicidad oficial, pero baja en medios K. Subió 163% en el primer
semestre respecto al mismo período de 2016. En el Gobierno argumentan que el
año pasado "las campañas habían arrancado en abril". Y especifica: “El
Gobierno gastó $ 1.630 millones en publicidad oficial, en el primer semestre de
2017, un 163% más respecto al mismo período del año anterior, una cifra muy
superior a la inflación que hubo durante ese año”. Más allá de la caída de la
pauta en los medios gráficos, emisoras como la AM750, ni siquiera figuró entre
las 10 primeras emisoras donde pautó el Gobierno, pese a que en ese período
superó a Radio del Plata y se ubicó en el cuarto lugar en audiencia de las AM.
El Gobierno les dio cifras superiores en publicidad oficial a Mitre, Radio 10,
La Red, Nacional, Rivadavia, Continental, El Mundo y Belgrano, entre otras”
Cifras que ponen en cuestión “los anuncios que se hicieron al inicio de la
gestión de Mauricio Macri, cuando se prometía una reducción importante en los
gastos de publicidad oficial, respecto al kirchnerismo, y que su distribución
se haría según criterios “objetivos”, como el alcance del medio, la pertinencia
del mensaje, la zona geográfica y el fomento del federalismo y la pluralidad de
voces”.
549
millones de pesos. Ese fue el monto total que el Gobierno de Mauricio Macri le
dio al Grupo Clarin durante todo 2017, pleno año electoral, en concepto de
pauta oficial. Más de un millón y medio de pesos por día; casi 1 de cada 5
pesos que distribuyó entre los medios de todo el país. Se trata sólo del aporte
del Gobierno Nacional y sus organismos descentralizados. Ni la gobernación de
Maria Eugenia Vidal, ni la jefatura porteña de Horacio Rodriguez Larreta
publican sus datos de pauta oficial. Pero ya sólo con estos datos se muestra la
relación privilegiada que mantiene el holding comandado por Héctor Magnetto con
Macri y quienes manejan la chequera de la pauta pública.
Para
igualar lo que recibió el Grupo Clarín hay que sumar a sus tres seguidores,
Viacom (Telefé), el Grupo Uno y el Grupo Albavisión. Entre los que menos
recibieron, habría que sumar al Grupo Indalo/Ceibo, Olmos, La Nación, Grupo
Pierri (Telecentro), Diario Popular, Facebook, los medios públicos (TV Pública
y Radio Nacional), Perfil, Infobae, El Cronista Comercial y Google, para llegar
a superar lo que recibió Clarín. Los medios no oficialistas como el Grupo
Octubre, Radio del Plata y Tiempo Argentino, para alcanzar a Clarín tendrían
que sumar lo que reciben y multiplicarlo por 17.
La
creciente y excesiva concentración en la propiedad de los medios, que amenaza
la pluralidad y diversidad, unifica el discurso público y es funcional a las
necesidades de grandes grupos económicos, que en casos como el de Córdoba
concentra recursos de manera escandalosa en medios afines como Cadena 3, Mitre
o La Voz del Interior, nos impulsa a seguir sosteniendo la necesidad de contar
con un Estado que asuma un rol activo para garantizar la diversidad y la
pluralidad de voces, el Derecho a la información y la Libertad de Expresión de
la ciudadanía.
Está claro
que el mercado no pauta solo por los niveles de audiencia o tiradas, sino que
lo hace en función de la orientación política e ideológica de los medios, por
lo que es indispensable contar con leyes que administren equitativamente la
distribución de la pauta oficial, de forma transparente y sin condicionamientos.
En tal sentido sugerimos algunos criterios[3]
que aseguren transparencia y equidad en la asignación de publicidad oficial:
1. Entender
por “publicidad oficial” a toda comunicación, información, anuncio o campaña
comunicacional que realice cualquier organismo o empresa del Estado en forma
paga en cualquier tipo de medio de comunicación.
2. La
“publicidad oficial” debe tener como objetivo, garantizar el principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la
información pública.
3. La
publicidad oficial debería funcionar como moderador de los desequilibrios del
mercado en cuanto al desenvolvimiento de los pequeños y medianos medios de
comunicación, que son garantía de pluralidad y diversidad en la información,
además de sostenedores de los contenidos locales.
4. “La
publicidad oficial deberá ser distribuida en forma transparente, justa y
equitativa, entre los diferentes medios, garantizando la libertad de prensa, el
derecho a la información y el pluralismo informativo”.
5. Para
hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones
de publicidad de organismos del Estado se debería establecer la obligación de
publicar en un sitio público (en internet) todos
los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio,
tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea
el caso) y monto de la contratación.
6. Debería
crearse un órgano de aplicación de la
Ley que administre y garantice la distribución equitativa de las pautas
estatales y por tanto de toda la publicidad de los diversos organismos y
empresas del Estado.
7. Debería
crearse un Registro único y público de
medios de comunicación, que reciban publicidad oficial o que aspiren a
recibirla.
8. Se
debería establecer un cupo no menor al 15 % de la publicidad oficial, para ser
adjudicada a medios comunitarios de organizaciones sociales.
Las radios
comunitarias, que se han constituido en un espacio clave para la participación,
el ejercicio de la ciudadanía comunicativa y el empoderamiento de los sectores
populares, poseen un rol fundamental en el proceso de democratización de la
palabra, amplificando aquellas voces que no encuentran espacio de expresión en
los medios hegemónicos. Se constituyen en espacios de reciudadanización de los
sujetos populares, lo hacen desde unas estéticas que van desde la contracultura
a ser expresión genuina de la cultura popular. Poseen un proyecto político
comunicativo que trasciende la puesta al aire de la emisora, sus modos de
producción y gestión del medio, están basados en la autogestión y la democracia
interna. Promueven movilización social, desde propuestas vinculadas a la
vigencia de los derechos humanos, la expresión de la diversidad y la dignidad
de la vida. Se trata entonces,
de prácticas insertas en espacios barriales y comunitarios en nuestras
sociedades mediatizadas. Desde su lugar de interpelación, producen repertorios
distintivos y contribuyen en los procesos de conformación de las identidades de
los grupos –comunidades con las que interactúan. Es tarea fundamental del Estado
promoverlas, apoyarlas, estimular su profesionalización, garantizando aspectos
centrales de su sostenibilidad y esa búsqueda constante de
auto–organizar transformaciones que viabilicen mejores formas de vivir.
Y lo más importante, como garantía de diversidad,
las radios comunitarias nunca fueron, ni son, ni serán domesticados.
Judith
Gerbaldo
Radio Sur/
CECOPAL
13/04/2018
[1]
Ley 26.522, Art 72, inc e. “(viii)
La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas
las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas.”
[2] “Aumenta
el gasto en publicidad oficial, pero baja en medios K” publicada en Diario
Clarin el 31/10 /2017
[3]
Para la elaboración de los criterios sugeridos, hemos revisado todas las
propuestas desarrolladas por Farco en Santa Fé en 2013 y pcia de Río Negro en
2010. Propuestas elaboradas por radios comunitarias de Córdoba en 2015 y el
antecedente de la LEY N° 2.587 de CABA, sancionada el 06/12/2007.
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