Un grupo de trabajadoras a las que la ejecución de
las políticas públicas en materia de comunicación y géneros nos encontró
haciendo tareas conjuntas, intercambiando y debatiendo, nos reunimos para
contar qué pasó entre los años en los que éstas comenzaron y los de la
presidencia de Mauricio Macri, que desarmó los mecanismos de ejecución de estas
políticas. Así como de tantas otras.
Por Úrsula Asta, Romina Coluccio, Mercedes
Monjaime, Myriam Pelazas y Chantal Stevens*
Fueron
años en los que ingresamos como trabajadoras y/o funcionarias en el INADI, ex COMFER, ex CNM (que entre los tres
conformaron el Observatorio de la
Discriminación en Radio y Televisión), la Defensoría del Público y la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual, organismos o espacios interinstitucionales que con historias más
antiguas o más flamantes, desde sus especificidades, marcaron líneas para que
la comunicación abandonara sus sesgos sexistas y exclusivistas.
Sin dudas, el gobierno
neocolonial nos encontró desde otro lugar y con la convicción de que las
trabajadoras y los trabajadores somos el sostén de esas políticas. Aquí, un comienzo.
***
El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión se creó como
sugerencia de la propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación
(PNcD) del año 2005, que responde a la Conferencia Mundial en contra del
Racismo, realizada en Durban, a la que Argentina había suscripto. La propuesta
habla de “arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal
efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comunicación estatales,
privados, comunitarios e Internet que incluyan cualquier tipo de
discriminación, prejuicio, burla, agresión y/o estigmatización”. Además,
“sugiere crear un Observatorio de la Discriminación en los Medios de
Comunicación Masiva dependiente del COMFER y, asimismo,
crear un área específica dentro del INADI[1]”.
La medida adquiría
relevancia porque en esos días el joven Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) hacía visible
su intervención respecto del cumplimiento de la Ley 23592[2] de Actos
Discriminatorios. Sin embargo, los medios de comunicación parecían no tener en
cuenta los alcances de aquello que difundían a través de sus discursos.
Entonces, a fines del
año 2006, se conformó el Observatorio con la coordinación del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) -luego Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), hoy Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- y la
asistencia técnica del INADI. Rápidamente se
incorporó el entonces Consejo Nacional
de las Mujeres (CNM) -luego Instituto Nacional
de las Mujeres (INAM), actual Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad– para asesorarlo según lo establecido por la
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer (CEDAW), también suscripta por la Argentina.
Asimismo, a lo largo
de los años, otros organismos y algunas organizaciones colaboraron con el
equipo de expertxs del Observatorio en la redacción de informes y/o
capacitaciones con el objetivo de lograr una comunicación más inclusiva.
El Observatorio
trabajó sobre los distintos ejes de discriminación, siendo la motivación por
género la que se abordó con más frecuencia dado que era por la que se recibía
mayor cantidad de reclamos a lo largo del tiempo. De manera que el análisis de discriminación en programas y publicidades logró
ser un espacio de incidencia para reflexionar sobre la reproducción de
estereotipos sobre las mujeres y géneros, y sobre la violencia mediática
manteniéndose reuniones con productoras, agencias de publicidad, estudiantes y
profesionales de la comunicación.
Sus informes y monitoreos eran
retomados y citados por algunos medios y por instituciones de formación en
tanto su principal objetivo fue aportar un contra-discurso a los mensajes
discriminatorios difundidos mediante los diversos medios de comunicación
audiovisual, al menos hasta que fue
desarticulado con la llegada del gobierno neoliberal a fines del 2015. 
Veremos qué sucedió
con esas tareas y equipos al interior de cada uno de los organismos en los que
estamos (o hemos) trabajado.
***
El COMFER
–históricamente asociado a la restricción a la libertad de expresión y a la
censura- se transformó en AFSCA gracias a la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (LSCA) durante el primer
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, a veintiséis años de restituida
la democracia, ponía fin al decreto ley de la dictadura[3]. En ese marco, las
cuestiones que venían siendo trabajadas por el Observatorio cobraron mayor relevancia[4] aunque ya
habían adquirido resonancia mediática a partir del informe de la cobertura que
distintos noticieros televisivos hicieron sobre las marchas en torno a las
retenciones agrarias del año 2008 en tanto que sus abordajes se consideraron
discriminatorios.
Tal discriminación se hacía evidente al hablar de “ciudadanos” y
de “piqueteros” asignando legitimidad y trascendencia al reclamo de unxs y
desmereciendo el de quienes parecían no formar parte de la ciudadanía.
Para la realización
de ese relevamiento, el Observatorio contó con la asistencia del área de
Evaluaciones del todavía COMFER y, concluido el estudio, se invitó a lxs
responsables de esas coberturas a reflexionar sobre ellas, aunque tal acción
disparara noticias que asimilaban el espacio con un panóptico para limitar la
libertad de expresión, estigmatizándolo como un ente autoritario.
Sin embargo, aunque
cierta prensa hegemónica realizara esas caracterizaciones descalificatorias, el
Observatorio seguía adelante con sus trabajos en pos de una comunicación más
inclusiva y respetuosa de los derechos humanos obteniendo mayor o menor
resultado, según el caso. Entre los logros de esos días, podemos mencionar que
los reclamos sobre lo que se consideraba discriminatorio en radio y TV crecían,
mientras que académicxs y otro sector de la prensa miraban con mayor interés
sus acciones e informes.
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| Capacitación a cargo del Equipo del Observatorio en el 2° Congreso de Comunicación y Periodismo, Universidad Madres de Plaza de Mayo. |
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Ahora bien, al
finalizar el año 2015, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia, Macri creó
el ENACOM unificando la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (AFTIC) y el AFSCA con el afán de
dar marcha atrás a muchas de las políticas antimonopólicas desplegadas por
ambos organismos.
Así, durante 2016,
quienes éramos parte del Observatorio dentro de este nuevo organismo nos
desempeñamos redactando informes sobre lo elaborado previamente, respondiendo
demandas internacionales que solicitaban información al Estado en cuanto a, por
ejemplo, discriminación religiosa, étnica y de género y capacitando a otras
áreas del organismo. Sin embargo no
volvimos a redactar nuevos informes, ni se nos permitió responder reclamos,
ofrecer asesoramientos y sensibilizaciones en instituciones educativas,
profesionales y sindicales, ni tampoco articular con otros organismos, es decir,
justamente una de las condiciones de ser del propio espacio.
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| Silvana Giudici y Fabiana Tuñez, titulares del Ente Nacional de Comunicación y del Instituto Nacional, contra las Mujeres, respectivamente durante el Gobierno de Macri. |
Al cabo de un año y
unos meses, parte del equipo fue desplazado hacia el Consejo Asesor para la
Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI[6]) y las áreas de
Evaluaciones y Fiscalización. Mientras esos cambios al interior del ENACOM se
concretaban, las integrantes del Observatorio que allí nos
desempeñábamos, veíamos zozobrar nuestros
puestos de trabajo y, cuando todas fuimos desplazadas, vimos cómo otras
personas del organismo afines a la jerarquía del ENACOM comenzaban a conducir
el Observatorio como un sello vacío y ya no se incidió en
políticas públicas que dieran respuesta y derechos a la ciudadanía.
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Algo semejante pasaba
en el INADI. En su página web
podía verse que mantenía como una de sus áreas al Observatorio de la
Discriminación en Radio y Televisión. Sin embargo, se fueron dejando de
promocionar los datos para reclamos de discriminación en radio y tv, los
mensajes que continuaban llegando no se respondían, los informes que lxs
trabajadorxs realizaban no eran leídos por la coordinación y mucho menos
se citaba a las productoras de radio y tv o a las agencias de publicidad para
repensar sobre las conductas discriminatorias que reproducían, como así tampoco
se estimuló la capacitación en discriminación, violencia simbólica y mediática
desde esta área. Mientras el espacio se vaciaba, trabajadorxs que a lo largo de
casi una década habían trabajado en el área se mudaban a otras porque el
espacio aparecía como meramente burocrático en un momento en el cual justamente
la discriminación se hacía más brutal.
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| Equipo de Observación de la Discriminación en Radio y Televisión, presentación del Monitoreo de la Discriminación en TV año 2014. |
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Como se señaló, el
entonces CNM, luego INAM, ahora Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, integraba el
Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión articulando y llevando
adelante una tarea que tenía que ver con atender los reclamos en materia de
violencia simbólica y mediática, redactando recomendaciones, reuniéndose con
medios de comunicación, productoras, publicistas, en universidades e integrando
tareas de investigación y difusión con los otros organismos que integraban el
espacio.
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| Folleto de recomendaciones en torno a discursos discriminatorios, AFSCA, INADI, CNM |
Otros casos incluyen,
por ejemplo, que en noviembre de 2011, varias notas dieran cuenta del análisis
de los avisos publicitarios de cerveza Schneider “Hermana” y “Segunda” que
estableció que ambos spots conllevaban una descarnada cosificación de las
mujeres y que ello configuraba violencia mediática, repercusión tras la cual la
marca decidió quitarlos del aire. Desde entonces se multiplicaron las
capacitaciones en y para agencias publicitarias. Días atrás, casi una década
más tarde, sucedió lo mismo con Brahma, aunque la rápida reacción del público
motivó una respuesta de la empresa con la misma celeridad que el debate se
instaló.
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| Campaña "Perdón" de Schneider, año 2012. |
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| Campaña " Bautismo Birrero" Brahma, año 2020. |
Entre otros aspectos,
también se dio cuenta de cómo eran
representadas en la TV las trabajadoras de casas particulares a través de un
monitoreo en el cual se hacía especial mención sobre las tareas de cuidado que hoy están
en la agenda pública, pero que hace siete años era un tema poco extendido más
allá de ciertos ámbitos académicos y sindicales. Por su parte, en el año 2013
el Observatorio redactó un Monitoreo sobre violencia contra las mujeres en los
noticieros que, entre otros méritos, fue retomado por el Informe de la CEDAW de
2014 y que fue uno de los materiales de las capacitaciones.
Una vez surgida la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, también se
articularon tareas con ese organismo, sobre todo en lo relativo a la
capacitación. Entre otros casos de articulación con espacios no sólo
gubernamentales, se lanzó -junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La
Plata- del E-Book de la Red de
Observatorios de Comunicación y Género de Argentina denominado
“Experiencias en comunicación y género: continuidades, rupturas y perspectivas
en la coyuntura actual”.
Sin embargo, el
espacio de Observatorio, desarticulado por la falta de interés de la gestión
macrista en los organismos que lo conformaban, mutó en el CNM gracias al empuje
de quien había participado de esta experiencia previa. Así surgió el
capítulo/observatorio de violencia simbólica y mediática en el marco del INAM,
tras reuniones con las trabajadoras del área administrativa para establecer
posibles mecanismos de respuesta y envío de notificaciones. Nunca llegó a
formalizarse en estructura de Observatorio y, con reducidísima capacidad operativa,
el espacio logró emitir respuesta ante reclamos, retomó algunas recomendaciones
del Observatorio de la Discriminación y mantuvo algunas reuniones con canales.
Junto a las trabajadoras del Observatorio de la Violencia del mismo organismo
se logró realizar una investigación sobre la representación mediática de las
maternidades en portadas de revista y elaborar un monitoreo de la
representación y paridad en noticieros durante la última campaña electoral
junto a lxs trabajadorxs de la Defensoría del Público de Servicios
Audiovisuales.Aunque esto es sólo una pincelada de lo acontecido, es de relevancia destacar otro hecho que atraviesa comunicación y géneros, esta vez de 2017. Cuando se eliminó el Fútbol para Todxs, que permitía que en cada hogar pudieran verse los partidos, se quitó también la difusión de la Línea 144 (de contención, información y asesoramiento para la violencia de género) que aparecía en los comerciales de los partidos.
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| Imagen del Spot Oficial de difusión de la Línea 144 para situaciones de Violencia de Género. |
Consultadxs algunas
de esas personas para este artículo, lo recordaron e incluso contaron que en el
llamado, en ocasiones, había una referencia explícita a que habían visto el
anuncio en el fútbol. ¡Ello da cuenta de cómo una política destinada a otro
fin, cuando es articulada, puede generar un efecto de concreción real en la
vida de las personas y de presencia del Estado en distintos sentidos! Al mismo
tiempo, esto reafirma que lxs trabajadorxs sostienen, conocen y son una fuente
fundamental de consulta para la planificación y ejecución de las políticas.
***
Audiencias desprotegidas: La Defensoría del Público de Servicios
Audiovisuales, organismo de derechos humanos especializado en comunicación, se
funda en noviembre de 2012 con la misión de promover y proteger los derechos de
las audiencias de la radio y la televisión argentina. Inédito en el mundo se
crea a partir de la ya citada LSCA para desarrollar una tarea pedagógica que
permita problematizar las representaciones mediáticas en clave de derechos.
 |
| Guías de recomendaciones y materiales de Difusión de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales. |
El uso del pasado no es casual. El macrismo se ocupó
progresivamente de desmantelar la institucionalidad de la Defensoría del
Público.
La primera etapa del
plan fue dejar el organismo acéfalo desde noviembre de 2016, cuando finalizó el
mandato de su primera Defensora. Desde entonces, el Congreso Nacional, a través
de la Comisión Bicameral (CB) de la Comunicación Audiovisual y Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs) presidida por Cambiemos, en tres años
no dio inició al proceso de postulación y designación del/ de la Defensor/ra
que establece la LSCA. Pese a la acefalía, durante 2017 y gran parte de
2018, con mucho esfuerzo y creatividad, lxs trabajadorxs del organismo fueron
quienes dieron continuidad a las líneas de acción dentro de los límites de las
“facultades conservatorias” que otorgó la CB. En esos casi dos años, producto del compromiso del colectivo de
sus trabajadorxs, la Defensoría siguió trabajando por el derecho a la
comunicación de las audiencias.
 |
| Abrazo a la Defensoría, Trabajadorxs contra los despidos. |
La segunda etapa del
plan macrista fue mucho más agresiva. Desde septiembre de 2018, el organismo
fue directamente intervenido por Cambiemos. La CB presidida por el Senador
santacruceño Eduardo Costa (UCR), designó como “encargado” a Emilio Alonso, un
abogado sin experiencia ni conocimiento en el campo comunicacional, de los
Derechos Humanos o en la gestión pública. Básicamente sin idoneidad ni
antecedentes para el puesto. En los 16 meses que lleva la intervención de
Alonso, secundada por José Miguez Iñarra (Secretario General) y Mariana Cabral
(Directora General), se dedicaron a paralizar todas las políticas públicas de
la Defensoría. Nunca presentaron un plan de trabajo, obstaculizaron todas las
gestiones de actividades que se venían desarrollando y burocratizaron los procedimientos
para dilatar meses las respuestas a las solicitudes. Quienes se jactaron de
promover la institucionalidad, modernización y transparencia del estado, solo
se ocuparon de vaciar de sentido un organismo reconocido internacionalmente
para utilizarlo como plataforma de marketing digital personal. Y lo hicieron
hostigando sistemáticamente a las y los trabajadores, con renovaciones
bimestrales de contratos e incluso con extorsiones por escrito.
Para que la
Defensoría del Público vuelva a ser una herramienta de la ciudadanía al
servicio de la comunicación es imprescindible y urgente que el Congreso
Nacional ponga fin a la intervención de Cambiemos y dé inicio al proceso
participativo para la designación de Defensor/a. Mientras eso no suceda,
las audiencias del país están desprotegidas.
***
En la sociedad
circulan permanentemente mensajes, ideas y estereotipos que tienen cargas
valorativas y que ayudan a construir imaginarios sociales que configuran
distintos tipos de relaciones sociales entre los géneros. A fuerza de
repetición y reproducción, esas construcciones socioculturales terminan por
instalarse como formas naturales de pensar que justifican relaciones de poder
desiguales, asignando roles, expectativas y posibilidades de acceso y ejercicio
de derechos diferenciales para las personas en razón de su género.
Partiendo de la
preocupación por la cosificación de las mujeres en mensajes
relacionados con el sexo, el cuerpo y con los roles sociales que
a ellas se asignan, y la relación de ello con los medios masivos de
comunicación, en julio de 2011 se creó, mediante el Decreto N° 936/2011,
la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos
de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Fue una política de
eliminación de las publicaciones de comercio sexual en los medios de
comunicación para prevenir la trata de personas, en consonancia con las
recomendaciones de organismos especializados en la investigación del
delito que habían indicado que tales publicaciones servían como señuelos
para captar personas a los fines de explotarlas sexualmente y
promover la prostitución ajena. Y ello también se ordenó para dar
cumplimiento a la ley de protección integral de la violencia contra las mujeres
ya citada, con sus prescripciones para combatir
la violencia simbólica y la violencia mediática.
En efecto, hasta hace
algunos años la prensa gráfica argentina presentaba a las mujeres como una
mercancía más en un rubro comercial, ubicando los avisos clasificados de
prostitución junto a los de compraventa de otros bienes. Los mensajes del
estilo de “conmigo vale todo”, “en mi cama lo que pidas”, “calificada para
tus exigencias”, “apasionada y complaciente” se publicaban
de a miles en los diarios del país, dejando en claro tanto el rol subordinado de las
mujeres en el comercio sexual como la anulación de
su deseo, siempre a merced del placer sexual de quienes las prostituyen. Promoviendo incluso la pedofilización en
las relaciones sociales y confiriendo a las niñas características de una
sexualidad adulta, voces como “bebota mimosa y
ardiente”, “lolitas calentonas”, “colegiala sexy”, también constituían un lugar común entre estos anuncios que extremaban el
tratamiento de las mujeres y niñas como objetos al punto de promocionarlas
“2×1”.
 |
| Campaña de Concientización sobre los avisos. |
En rigor, más allá
del tipo y contenido de los mensajes de comercio sexual, su
prohibición evidenció un cambio en las condiciones materiales de
posibilitación de su producción, circulación y consumo, cuestionándose la
legitimidad de su existencia misma e invitando a reflexionar en torno
de los límites de lo decible en el marco de una hegemonía cultural
determinada.
Los resultados
obtenidos por la Oficina de Monitoreo en relación con los avisos de promoción
sexual en la prensa escrita persisten en la actualidad. Si bien en 2018, el
macrismo la eliminó de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, mediante la decisión administrativa 312/2018 -anexo 5-, su creación y
trabajo de verificación y sanción de medios gráficos, así como de
sensibilización en torno de la problemática de la trata de personas, la
violencia sexual, simbólica y mediática cimentada en el género, no pudieron ser
desmontadas con la misma facilidad con la que se la borró del organigrama del
Estado. Su desaparición, no obstante, desalentó la continuación de los procesos
administrativos de sanciones que habían sido impuestas y que nunca fueron
cobradas –ya que las empresas responsables de los diarios recurrieron a todos
los vericuetos posibles del derecho administrativo para evitar su acatamiento
y/o su pago- y, lo que es más grave, cesó el trabajo de articulación con el
Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y con ello la provisión de
valiosa información relacionada con los avisos de comercio sexual en el marco
de causas judiciales y/o de investigaciones preliminares por delitos
relacionados con la trata de personas y la explotación sexual ajena.
***
Nuevo desafío
En este barajar y dar
de nuevo que ocurrió con los resultados de la elección de 2019 y la reciente
creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cabe preguntarse
cuáles serán los dispositivos y programas que, desde los distintos organismos,
retomarán un rol activo en la eliminación de la
violencia simbólica y mediática. Y sobre la posibilidad avanzar
en nuevos debates, como el del universo de las redes sociales e internet, de
gran complejidad y también especificidad, donde persiste un trato fuertemente
denigrante hacia las mujeres y diversidades.
Se ha visto cómo la política en comunicación y géneros fue puesta
bajo las alfombras del gobierno neocolonial que configuró la saliente gestión. Por ejemplo,
quienes constituimos el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión
albergamos hasta hoy en una “nube web” compartida los materiales, informes
sobre casos e investigaciones que son de todxs, porque son producto del trabajo
del Estado… Lo hicimos por temor a que se elimine el sitio del Observatorio que
albergaba todo. ¡Y no nos confundimos! Fue borrado en pos de armar una nueva
página web, en el ámbito del Enacom, sin historia y sin preocupaciones por los
derechos humanos de un pueblo que día
a día tenía que salir a las calles a denunciar lo que el Estado escondía y
realizaba.
Lxs trabajadorxs somos el sostén de esas políticas que se
iniciaron en gobiernos que tuvieron como postulado la inclusión social. Por eso,
creemos que nuevamente se profundizará en la articulación, capacitación y
generación de contenidos y materiales que atiendan la comunicación en un
sentido amplio, entendiéndola como un derecho y no como una mera mercancía.
El cambio de
jerarquía dado por este flamante gobierno al crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es muy
auspicioso, muchos de los gestos en torno a temáticas referidas a la discriminación
de quienes hoy presiden el Estado también lo son.
(*) Úrsula Asta, ex asesora
en Observatorio de la Discriminación en Radio y TV; trabajadora del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Romina Coluccio –
trabajadora Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual;
Mercedes Monjaime –
trabajadora INADI, integrante del Observatorio de la Discriminación en Radio y
TV hasta 2017;
Myriam Pelazas – docente
universitaria y ex coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio
y TV;
Chantal Stevens – politóloga
y ex coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta
de Comercio Sexual.
[1] La propuesta debió ser adaptada porque
los organismos convocados no regulan contenidos de internet ni de prensa
gráfica.
[3] Tal decreto ley nacido en medio del
terrorismo de estado había sufrido algunas modificaciones sobre todo en los
años ’90, pero lamentablemente orientadas a facilitar la privatización y
concentración mediática.
[4] Por ejemplo, el artículo 70 de dicha ley
indica que: “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá
evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la
raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las
opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de
discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos
perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad
de los niños, niñas o adolescentes”.
[5] Por ejemplo se elaboraron informes como
el “Monitoreo de las discapacidades en la TV” que la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) presentó en
ámbitos internacionales como parte de las acciones estatales llevadas a cabo en
el país en torno a la temática.
[6] Este espacio a diferencia del
Observatorio aparece en el articulado de la LSCA, sin embargo prontamente
correría igual suerte puesto que los Plenarios obligatorios se llevaron a cabo
hasta 2017 y luego se dilataron hasta quedar sin efecto.
[7] En 2019 se sumó el tipo de violencia
política y, en modalidades, la correspondiente al espacio público y la
violencia pública-política.
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